Voces de la Ciudad | Fin al horror: así cayó red de explotación sexual en Bosa
En un nuevo episodio de Voces de la Ciudad, se conocieron los detalles inéditos de una operación que permitió la desarticulación de una red de trata de personas en la localidad de Bosa.
Una de las personas que hizo parte de la investigación cuenta cómo el caso inició con una alerta ciudadana que llegó a la Policía Metropolitana, cuyos uniformados de la Sijín y de Infancia y Adolescencia detectaron posibles actividades de explotación sexual en un bar del sector. Con información preliminar, las autoridades solicitaron el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad para avanzar en la verificación del hecho.
Durante las primeras inspecciones, la Fiscalía, la Policía Judicial y la Secretaría de Seguridad identificaron señales claras de explotación. El bar operaba con graves fallas de salubridad y mantenía a varias mujeres viviendo en el interior, sin libertad para salir y bajo supervisión permanente de quienes administraban el lugar. Las víctimas mostraban miedo, nerviosismo y resistencia a hablar, lo que levantó nuevas alertas sobre su posible sometimiento.
Uno de los hallazgos más relevantes fue que ninguna de las mujeres portaba documentos de identidad. Todas aseguraron que los administradores retenían sus papeles, una práctica común en casos de trata. Varias presentaban rasgos que sugerían que podían ser menores de edad. Esta situación, sumada a su temor a interactuar con las autoridades, reforzó la hipótesis de que estaban siendo explotadas sexualmente.
La investigación permitió establecer que la mayoría de víctimas provenía de Venezuela. Llegaban al país engañadas con ofertas laborales como meseras y, una vez en Bogotá, eran trasladadas a una vivienda en el barrio San Bernardino. Posteriormente eran llevadas al bar, donde se les informaba que debían pagar una supuesta “deuda” por gastos de transporte y documentación. Esta deuda, lejos de disminuir, aumentaba con el tiempo, convirtiéndose en un mecanismo de control por parte de los tratantes.
Además, las víctimas vivían en condiciones extremas de hacinamiento, mala alimentación y falta total de higiene, lo que agravaba su vulnerabilidad.
Luego de aproximadamente ocho meses, las autoridades ejecutaron un operativo que permitió la captura de los responsables dentro del mismo establecimiento. Los implicados fueron imputados por los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución y tortura.
Tras el rescate, las víctimas fueron ingresadas al programa distrital de atención inmediata, que ofrece asistencia médica, psicológica, alojamiento temporal y acompañamiento judicial. Posteriormente iniciaron un proceso de restablecimiento de derechos y construcción de un nuevo proyecto de vida.
En 2025, gracias al trabajo articulado de la Secretaría de Seguridad con Policía y Fiscalía se han desarticulado 4 organizaciones dedicadas a este delito y se han rescatado más de 10 víctimas.