Sin financiación sostenible y justicia efectiva las ciudades no podrán frenar la crisis de seguridad
El último panel del encuentro de la Red Internacional de Seguridad Urbana fue moderado por Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, reunió a Pablo Angelelli, jefe de Operaciones del BID en Colombia; Rodrigo Peñailillo, representante de CAF en Colombia; Amado Philip de Andrés, representante de UNODC en el país; y Alberto Menghini, jefe de Cooperación de la Unión Europea en Colombia. Todos ellos coincidieron en que las ciudades están enfrentando solas una crisis que es regional, con recursos insuficientes, poca articulación y una justicia que no está respondiendo al ritmo en que se propaga, evoluciona y se adapta crimen.
La discusión inició con una premisa contundente: la seguridad necesita inversión sostenida, no esfuerzos fragmentados. Peñailillo advirtió que América Latina registra una tasa de homicidios cuatro veces superior al promedio mundial, y nueve de las diez ciudades más violentas están en la región. Señaló que la CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) ha priorizado la seguridad urbana en su estrategia y está listo para acompañar a las ciudades con financiamiento y asistencia técnica que produzca resultados medibles.
Desde la Unión Europea, Menghini recordó que la inseguridad “se contagia rápido y a larga distancia”. Explicó que fenómenos como el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción en el transporte afectan tanto a América Latina como a los mercados europeos, pues las redes delictivas se adaptan con mayor velocidad que las instituciones. Para la UE, la cooperación debe verse como una inversión conjunta en seguridad global, no como ayuda unilateral.
Amado Philip de Andrés, de UNODC, alertó que el multicrimen en Colombia está mutando y presionará aún más a las ciudades: el consumo urbano aumentará, las rutas del narcotráfico seguirán acercándose a áreas metropolitanas y delitos como homicidios, extorsiones y trata de personas seguirán vinculados entre sí. Propuso respuestas asimétricas frente a amenazas asimétricas, incluyendo sistemas de alerta temprana, fortalecimiento de capacidades locales, prevención focalizada y articulación entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde se concentran los mayores riesgos.
Por su parte, Angelelli señaló que ya no se trata solo de aportar recursos, sino de demostrar impacto. El BID insistió en que las ciudades necesitan plataformas de datos que permitan evaluar qué funciona y reasignar recursos de manera inteligente. También recalcó la urgencia de cerrar la brecha tecnológica entre el Estado y el crimen organizado, que avanza con mucha más velocidad. Anunció, además, que el banco lanzó un piloto de mil millones de dólares para financiar directamente a ciudades de América Latina, donde la seguridad será uno de los ejes prioritarios.
A lo largo del panel surgió un consenso claro sobre lo que cada experto priorizaría si definieran la agenda de cooperación: justicia que realmente sancione, prevención temprana en los barrios más afectados, capacidad institucional para ejecutar políticas serias y articulación internacional que produzca resultados visibles. Los panelistas advirtieron que gran parte de la frustración ciudadana proviene de la impunidad, que mina la confianza en alcaldías y policías pese a sus esfuerzos.
El cierre dejó una hoja de ruta común: coordinar la cooperación internacional para evitar proyectos dispersos, concentrar inversiones donde el impacto sea demostrable, fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en planeación, análisis criminal y gestión de seguridad, y enfrentar unidos al crimen organizado transnacional, que afecta tanto a América Latina como a Europa, Asia y Estados Unidos.
En conclusión; si las organizaciones criminales operan sin fronteras, la cooperación internacional y las ciudades deben hacer lo mismo. Solo así será posible recuperar seguridad, confianza ciudadana y desarrollo.