Con búsquedas activas en plazas de mercado, zonas comerciales, terminales de transporte, y zonas de rumba, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica en articulación con otras entidades, busca identificar la instrumentalización de niños, niñas y adolescente en temas mendicidad ajena, trabajo infantil y explotación sexual, con el fin de prevenir este tipo de situaciones en la ciudad. 

Estas búsquedas se realización en articulación con entidades distritales y nacionales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, las secretarías del Distrito, el IDIPRON, la Personería de Bogotá, Fiscalía y Migración Colombia, para tener una intervención integral y oportuna en caso de restablecimiento de los derechos de los menores de edad. 

En Colombia, el trabajo infantil está prohibido y los padres, madres o representantes legales del infante que no acaten lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), puede tener sanciones de 1 a 100 salarios mínimos diarios legales vigentes. 

Esta sanción se puede convertir en arresto equivalente a un día por cada salario mínimo diario impuesto si no se paga la multa. Además, si se identifica que la niña, niño o adolescente está expuesto a situaciones de amenaza o vulneración de derechos, puede perder la patria potestad. 

“Si una persona conoce situaciones que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes que afecte su salud, su educación y su desarrollo físico y psicológico debe denunciar, de manera anónima si lo prefiere, esta situación a la Línea de Emergencia 123, la 141 del ICBF o la 122 de la fiscalía general de la Nación. También puede acudir a una Casa de Justicia, las Comisaria de Familia o la Defensoría del Pueblo”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad. 

Desde el 2024 a la fecha, se han realizado 68 jornadas de búsquedas activas en las zonas priorizadas, impactando a 870 niños, niñas y adolescentes que se encontraban con sus familias en acompañamiento laboral, situación que afecta su integridad y desarrollo integral; y cerca de 100 menores de edad fueron trasladados por las entidades competentes para verificación y restablecimientos de sus derechos. 

En los recorridos se desarrollan acciones dirigidas a las familias para informar y alertar sobre los riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en estas actividades de acompañamiento o vinculación laboral. Además, se les entregan la oferta de servicios sociales a los que pueden acceder los menores en temas de salud, educación gratuita y apoyos escolares. Y se les recuerda que en los Centros Amar de la Secretaría de Integración Social pueden recibir alimentación, refuerzo escolar y espacios de recreación.