Un operativo liderado por la Secretaría de Seguridad con la Policía Metropolitana y las Alcaldías locales de Bosa y Kennedy, dejó al descubierto varios establecimientos que operaban como sindicatos, pero en realidad eran bares dedicados a la venta y consumo de licor, incluso a menores de edad. 

En barrio San Pablo, de la localidad de Bosa, las autoridades verificaron tres establecimientos en el que se encontraban 31 menores, a quienes la Policía de Infancia y Adolescencia les restableció sus derechos. Dos de ellos debieron ser trasladados por una ambulancia del Sistema Distrital de Salud para procesos de desintoxicación, tras evidenciarse consumo de sustancias alucinógenas.

Los tres establecimientos que operaban bajo supuestos sindicatos, pero que en realidad realizaban fiestas clandestinas, fueron suspendidos por parte de las autoridades. 

"Vamos a cerrar todos estos establecimientos y a judicializar a sus propietarios. Los bares que se hacen pasar por la figura de los sindicatos, en realidad son establecimientos que en ocasiones permiten la venta de licor adulterado y droga", señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo. 

En esta intervención en la localidad de Bosa también se incautaron 5 gramos de marihuana, 5 gramos de tusi, 10 gramos de base de coca, 3 armas cortopunzantes. Además, ocho personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) y se evitaron dos riñas en vía pública entre personas en estado de embriaguez. 

En el barrio Provivienda Oriental, de la localidad de Kennedy, se realizó un operativo similar, en el que fueron suspendidos dos establecimientos por operar bajo fachadas de sindicato. 

En estos sitios fueron hallados 12 menores de edad, a los que les restablecieron sus derechos por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia. 

En medio del operativo fueron incautados 70 gramos de marihuana, 10 gramos de bazuco, tres armas cortopunzantes y tres botellas de licor adulterado, que fueron destruidas. 

Estos operativos hacen parte de la estrategia interinstitucional para proteger a la población más vulnerable y cerrar el cerco a estructuras que, al margen de la ley, ponen en riesgo la seguridad ciudadana.

La Secretaría de Seguridad y la Policía continuarán con las acciones de control para evitar que los “sindicatos fachada” sigan operando como zonas de tolerancia ilegal.