De la empanada de 833 mil pesos a los 104 mil ciudadanos con armas blancas

En medio de la discusión sobre los vendedores informales se pasó por alto la alarmante cifra de personas que portan cuchillos, machetes y sustancias corrosivas en las calles.

La polémica que desató la multa impuesta a un joven que compró una empanada a una vendedora informal en el barrio La Castellana dejó sobre la mesa la complejidad de los problemas del espacio público de Bogotá, que no solo atañe a las personas que lo usan como si fueran vitrinas o locales, sino también a la convivencia y la seguridad ciudadana.

Si bien, el problema de espacio público es importante, la realidad de la convivencia ciudadana nos está mostrando un grave problema: el elevado número de personas que transitan por las calles con armas blancas. Mientras el año pasado se impusieron 1.180 comparendos por incentivar el mal uso del espacio público, es decir, conducta contraria a la convivencia en la que incurrió el joven comprador de empandas, el número de personas que portan armas blancas en el espacio público es de 104.545.

Y el dato debería prender todas las alarmas si se tiene en cuenta que se dio tras operativos y requisas de las autoridades en las calles y en el transporte público. Pero, ¿cuántas personas se mueven por la ciudad con estos elementos? La pregunta no se podría responder con certeza.  Lo que sí se tiene claro, según datos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia es que el 45 por ciento de los homicidios, y el 50 por ciento de los casos de lesiones personales se perpetran con esas armas.

Solo hay que ver los noticieros o las páginas de los periódicos donde casi a diario se reporta una agresión o la muerte de una persona en la que se usó un elemento cortopunzante. ?Por eso le hemos pedido al Gobierno Nacional que haya un mayor control en el ingreso de estas armas de bajo costo que están entrando al país. Buscamos desincentivar su porte, porque nada justifica que los ciudadanos porten un cuchillo o un machete en el espacio público?, señaló el Secretario de Seguridad, Jairo García.

De hecho, el alcalde Enrique Peñalosa sancionó en octubre del año pasado el decreto 599 de 2018 con el que se sanciona con una multa tipo 2, que equivale a 8 salarios mínimos diarios vigentes, es decir 220.000 pesos. ?Limitamos el porte de armas blancas en Transmilenio, conciertos, partidos de fútbol y entornos escolares?, señaló.

Y por esta razón la Secretaría de Seguridad de Bogotá, junto con las de Cali, Medellín y Barranquilla trabajan en la radicación de un proyecto de ley ante el Congreso de Colombia para que se penalice el porte de armas blancas.       

Bogotá, ícono del desarme

 
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Infracciones al Código de Policía
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Expertos en temas ciudadanos señalaron que las acciones de desarme han tenido resultados muy positivos en la capital colombiana, como la de tener una tasa de 14 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja comparada con las otras capitales del país, y que no se registraba en la ciudad desde hace 40 años.

De hecho para algunos analistas consultados, el control al porte, que comenzó con la restricción a las de fuego y posteriormente a las armas blancas hacen de la capital colombiana un ícono respecto a la protección de la vida. 

?Bogotá es un buen referente para las otras ciudades sobre las buenas prácticas en términos de políticas públicas y de modelos de intervención para reducir homicidios, donde se debe incluir el control a las armas y su impacto en los homicidios?, explicó Ómar Orostegui, director de Bogotá, Cómo vamos, un observatorio que analiza la gestión gubernamental de la ciudad y su impacto en la percepción de sus habitantes.

En este sentido la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia realiza una labor silencio pero efectiva para evitar la ocurrencia de delitos, entre ellos los homicidios, a través de acercar la justicia a la gente en los barrios. Para ello, se tiene 13 Casas de Justicia donde expertos escuchan a la gente para ayudarlos resolver sus problemas de convivencia de una manera pacífica, para que los problemas de convivencia no escalen y terminen resolviéndose con violencia, que ocasiones pueden terminar en un crimen.

?En la discusión que se da a nivel nacional, la capital colombiana tiene mucho que ver porque es la ciudad líder en el mundo en políticas de desarme. Su identidad es de rechazar que haya ciudadanos armados y es testimonio vivo de que ese desestimulo tiene profundos beneficios sociales?, agregó Henry Murrain, director ejecutivo de Corpovisionarios.

El ?ranking? de las infracciones

Después de los 104.545 comparendos por portar armas blancas o sustancias peligrosas, el consumo de psicoactivos en el espacio público, con 92.955 casos, ocupa el segundo lugar del listado de infracciones cometidas por los ciudadanos en 2018.

En tercer lugar están 44.310 notificaciones a ciudadanos por ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. Y en este punto hay que hacer una salvedad, ya que se trata de comparendos impuestos propiamente a los vendedores informales, y no a los que serían compradores o promotores de la invasión de andenes, vías o parques, como ocurrió con el joven de la empanada, de los que solo se registraron 1.180 casos.

Evadir el pago del transporte público, es decir los colados, está en el cuarto lugar de comportamientos contrarios al Código de Policía con 36.466 comparendos. Le siguen los 23.356 registros de personas que ingresaron o salieron del sistema por lugares diferentes a las puertas asignadas para ese fin; allí también se hace la salvedad de que se trata de personas que en muchos casos pagan su tiquete, pero salen por los mismos ingresos a donde llegan los buses y ponen en riesgo su vida.

 Exaltación de la ilegalidad

Retomando la polémica de la empanada, el procedimiento se realizó en cumplimiento a una acción popular que interpuso la comunidad del barrio La Castellana, como lo resaltó la Policía Metropolitana de Bogotá. 

Allí los residentes aseguran que desde hace casi una década han tenido que dar la lucha con los informales que se toman el espacio público de este tradicional sector del norte de Bogotá. ?Incluso nos amenazan y no se trata de sencillos vendedores ambulantes, o cómo se explica que lleguen hasta en carros a vender sus productos?, señaló Ileana Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Castellana.  

Ocupación de las calles con el parqueo de vehículos, invasión hasta de los antejardines de sus propias casas por parte de los vendedores informales, son cosas que tienen que soportar a diario los residentes de este sector del norte de Bogotá. ?Lo de la empanada se volvió una cuestión mediática en la que no tuvieron en cuenta los problemas de este barrio. No estamos en contra del derecho del trabajo, pero les pedimos que sean legales: los informales no pagan impuestos, y mucho menos les hacen controles de sanidad?, agregó Martínez.

De hecho, la directora de la Defensoría del Espacio Público, Nadime Amparo Yaver Licht, señaló en una entrevista en el diario El Tiempo que de las 182 tutelas que han interpuesto vendedores informales, en 31 se evidenció que no se trataba de personas vulnerables, sino de propietarios de automóviles e incluso de viviendas de 200 millones de pesos.

?Es muy difícil luchar contra comportamientos y costumbres que avalaron en su momento administraciones que fueron supremamente permisivas. Y ahora la gente se victimiza. Aquí se premia la ilegalidad?, indicó la funcionaria en esa publicación.

Por eso en toda esta polémica, sin duda con muy buenas intenciones, pero sin un contexto adecuado, el asunto terminó siendo una exaltación de la ilegalidad y un aval para que se siga invadiendo el espacio público.