Argentina, México y Chile urgen estrategias para enfrentar de manera conjunta las nuevas formas de criminalidad en la región

En el II Encuentro de la Red Internacional de Seguridad Urbana en Bogotá, invitados de distintos países resaltaron los esfuerzos de la administración local de cada uno de sus territorios por mejorar los índices de seguridad, pero también hicieron un llamado para que las entidades judiciales permitan una sanción real a quienes cometen hechos delictivos.
De acuerdo con Rodrigo Peñailillo, representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF), conocido como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, mencionó que uno de los factores que inciden en mejorar los índices de criminalidad es el acceso a la justicia. Por eso destacó el trabajo de la administración local en las Casas de Justicia, una apuesta por contribuir en la resolución de conflictos en la ciudad.
Pero, además, integrantes de los programas de seguridad de países como Argentina, México y Chile participaron en el primer panel, que abordó la “seguridad urbana en el hemisferio: lucha integral contra el crimen y la violencia”, donde conversaron sobre las medidas necesarias para mejorar los indices en la región.
Por ejemplo, Patricia Cuellar, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires (Argentina), destacó que en su ciudad hoy tienen los niveles más bajos de delitos en los últimos nueve años. Explicó que uno de los factores para llegar allí fue la articulación entre la Policía y la Justicia y la implementación de nuevas tecnologías.
“No tenemos delitos de bandas de narcotraficantes ni secuestros extorsivos. Hemos bajado esos indices [...] Estamos trabajando de manera conjunta y mancomunada con las autoridades. Estamos avanzando en tecnología y ya tenemos 17.000 cámaras que monitorean la ciudad de Buenos Aires”, aseguró.

En iniciativas de ese tipo insistió Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, quien detalló que es fundamental que las ciudades colombianas y de América Latina puedan tener el acceso a los recursos necesarios para implementar medidas que permitan luchar contra la criminalidad urbana.
Incluso, insistió en que en nuestro país es imperativo que se renueve la fuerza pública, porque la criminalidad cambió y hay que combatirla de la manera distinta.
“La Policía que tenemos es extraordinaria, pero tenemos que hacer una modernización en cuanto a la Fuerza Pública, que se necesita para enfrentar una criminalidad que es cada vez más violenta. A mi me hubiese encantado que las bandas hoy fueran de cuello blanco, pero no. Solo en Cali, el ciento de los homicidios en Cali fueron por la criminalidad. Por eso, hay que hacer un ejercicio de reflexión sobre la financiación y entender que las ciudades construyen la estructura de comprensión de la violencia”, señaló García.
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Así, consideró que justo por esas medidas es que es fundamental el evento que se está desarrollando en Bogotá, en el que se proponen nuevos modelos que las ciudades pueden implementar.

Además de esas estrategias, Mauro Mercado Andaur, jefe del departamento de Seguridad del gobierno de Chile, agregó que es necesario entender por qué se cometen los delitos. Es decir, que más allá de la contabilización, se determine por qué las personas se alistan a las bandas.
De igual manera, los invitados internacionales insistieron en que los gobiernos y las administraciones locales deben enfocarse en robarle jóvenes a la criminalidad y uno de los retos está en que se les permita tener un futuro.

“Todo lo que podamos hacer en prevención hay que hacerlo. Por ejemplo, que utilicen bien el tiempo libre y que tengan un proyecto de vida. Es muy jodido, costoso y requiere un gran esfuerzo. Los programas se deben construir de manera consistente y aumentar los recursos de manera progresiva”, aseguró Jairo García.
Esa misma apuesta la compartió Ginés Jaime Ruiz, subsecretario de Operación policial de la Secretaria de Seguridad del Estado de Zacatecas.
"Es un reto difícil, pero no imposible. [...] En mi región les ponemos un padrino a los jóvenes infractores. La idea es que ellos puedan tener orientación y sepan diferencias las consecuencias que tienen quienes cometen delitos y quienes se acogen a la norma. Estos últimos pueden acceder a becas, entro otros beneficios", precisó Ruiz.
