• La Ley 909 de 2004, en su artículo 24 menciona:  Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente. (…)”

Así mismo en el artículo 16, indica:

“ (…)

2. Además de las asignadas en otras normas, las Comisiones de personal cumplirán las siguientes funciones:

a) (…)

b) Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial;

c) (…)

d) (…)

e) Conocer en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos”

• El Decreto 1227 de 2005, en su artículo 8, refiere:

“Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.

El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses…”

• Concepto No.2013EE-33539 del 12 de septiembre de 2013 de la CNSC, indica:

“(…) En el evento que existan varios titulares de carrera en el empleo inmediatamente inferior, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, se deberá otorgar el encargo a quien ostente mejor derecho. En tal evento, se podrá adelantar concurso, sólo en lo que respecta a la evaluación de las aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo en situación de encargo (…)”

• Circular conjunta No.001 de marzo 20 de 2014, de la CNSC, que establece en uno de sus apartes:

“(…) Por consiguiente se considera necesario impartir directrices para que los encargos que se consagren dentro del plan de estímulos se otorguen siguiendo el procedimiento señalado en las normas que lo regulan y reglamentan (Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 05 de 2012 de la CNSC), es decir, que estos no se confieren automáticamente por el solo hecho de haber obtenido una calificación sobresaliente, sino que el servidor debe estar dentro del orden de prestación señalado en las normas; (…)”

• Circular No. 003 del 11 de junio de 2014, de la CNSC, en la cual informa:

“En virtud del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el H. Consejo de Estado, mediante el cual se suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular No. 005 de 2012 de la CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión Nacional del Servicio Civil informa que a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente.

En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tiene el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normatividad citada y a las reglas especiales de cada sistema.

Es de advertir que si bien las entidades tienen la facultad legal para proveer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentren en vacancia definitiva o temporal, a través de encargo o excepcionalmente a través de nombramiento en provisionalidad, deben en todo caso salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera a sus titulares, al tenor de lo señalado en los artículos 24 y 24 de la Ley 909 de 2004 y 9 del Decreto 1227 de 2005 o en la reglas especiales de cada régimen específico, con el fin de proveer esas vacantes (…) (sic)”.

• Circular No. 093 del 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Departamento Administrativo del Servicio Civil, en la cual se imparten directrices para la Gestión del Empelo Público en la Administración Distrital de Bogotá D.C., señalando específicamente para el tema de encargos:

“(…) De tal forma que el encargo como forma de provisión de empleos públicos de carrera administrativa comporta un derecho preferencial en favor de los servidores de carrera tal como ha sido señalado por la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, que ha indicado que el privilegiar el acceso temporal al empleo de carrera a través de la figura del encargo, se promueve el mérito, en la medida que se provee el empleo con personal de carrera, que no solo ha probado su idoneidad en el empleo para el cual concursó, sino que ostenta una evaluación del desempeño del nivel sobresaliente en éste, y que para mantener el encargo como derecho, deberá obtener una calificación sobresaliente en el ejercicio del mismo…

Así las cosas, el encargo comporta un derecho preferencial para los servidores de carrera que se materializa cuando se decide proveer un empleo de carrera administrativa y el servidor acredita los requisitos previstos en la Ley, razón por la cual, es obligatorio para las entidades y organismos distritales dar estricto cumplimiento a las normas que rigen la carrera administrativa y tratándose de mecanismos de provisión transitoria de empleos, agotar categóricamente, el análisis sobre la procedencia del encargo a servidores de carrera en los términos del artículo 24 de la Ley 909 de 2004. No obstante, es preciso insistir en que el encargo implica para quien lo asuma, el desempeño de las funciones propias del empleo para el cual ha sido designado y no, únicamente un medio de mejoramiento salarial, so pena de distorsionar la finalidad para la cual fue creada la figura(…)”.  

La Entidad ha definido diferentes mecanismos de comunicación:

• En la intranet y página web, se ha creado un vínculo denominado “PROCESO_ENCARGO”, en el cual se encontrarán los estudios de verificación de requisitos de los empleos que se proveerán a través de encargo, y los nombres de los servidores de carrera administrativa que cumplen requisitos para cada empleo.
• A través del correo electrónico encargosgh@scj.gov.co, se informará a toda la Entidad sobre los estudios de verificación de requisitos que serán publicados en la intranet y página web.
• Para quienes laboran en la Dirección de Cárcel Distrital y C4 - NUSE 123, se realizará coordinación directa con los profesionales de enlace, quienes informarán a los servidores de carrera sobre los cargos que se publiquen y el avance del proceso.

Las Unidades de Mediación y Conciliación (UMC) son dependencias de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que tienen presencia en doce localidades de Bogotá. Su propósito es promover la convivencia y el tratamiento pacífico de los conflictos, prestando los siguientes servicios a la comunidad:

Los ciudadanos a quienes les haya sido impuesta multa por un Inspector de Policía o que acepten voluntariamente la responsabilidad de la conducta señalada por el personal uniformado de la Policía Nacional a través de la orden de comparendo, pueden acceder al formato de pago a través del sitio web https://lico.scj.gov.co/part3 

Se debe solicitar la participación registrándose en el siguiente link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw9w6dgQmofRLncO43adEZrxUQktBSVBWOTRXVjZTWFo2NFVVS09aN0dUMC4u

El ciudadano debe responder al correo desde donde fue agendado, indicando los motivos por los cuales no pudo asistir para que el contratista encargado evalúe el caso y confirme si procede o no el re agendamiento del ciudadano.

Si el ciudadano voluntariamente quiere realizar el pago, aceptando así el comportamiento contrario a la convivencia, podrá descargar el recibo a través de LICO https://lico.scj.gov.co/part3 y pagar en el término de los 5 días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, con el fin de acogerse al beneficio de descuento del 50 % por pronto pago.

Una vez el ciudadano haya cumplido con todas las medidas correctivas aplicadas al comportamiento que cometió, el ciudadano podrá solicitar el cierre del expediente ante la Secretaría Distrital de Gobierno por medio de su canal virtual http://www.gobiernobogota.gov.co/govi-sdqs/crear

Las personas a quienes el personal uniformado de la Policía Nacional les haya emitido una orden de comparendo por presuntamente haber cometido una conducta que tenga como medida correctiva la multa general tipo 1 o 2, podrá presentarse ante el Inspector de Policía para que él sea quien determine el remplazo según su criterio.

El ciudadano a quien se le hizo el señalamiento por haber infringido las normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, podrá presentar objeción ante el inspector de policía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la emisión del comparendo, exponiendo las razones de su inconformidad, a través de su canal virtual http://app.gobiernobogota.gov.co/apelaciones_objeciones/ciudadano/consulta 

Las personas que no realicen el pago de las multas impuestas por el Inspector de Policía, acarrearán las siguientes consecuencias:

1. Económicas (artículo 182): 

• El no pago de la multa dentro del primer mes dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente.

• Si transcurridos noventa días desde la imposición de la multa, sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.

2. No económicas (artículo 183): si no se pagan las multas, seis meses después de que el Inspector de Policía las haya impuesto, el ciudadano no podrá:

• Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.

• Ser nombrado o ascendido en cargo público.

• Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.

• Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

• Obtener o renovar el registro mercantil.

Tenga en cuenta la directiva conjunta N° 004 del 27 de agosto de 2020, (expedida por Secretaría Jurídica Distrital, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia) en la cual se imparten instrucciones y recomendaciones para la correcta aplicación del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016.
 

El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) fue creado con el objetivo de facilitar que las y los adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA por la comisión de diferentes tipos de delitos resuelvan los conflictos generados con su actuar delictivo mediante su participación activa en un proceso de intervención que se centra en la persona más que en el delito, en los daños más que en las normas que fueron violadas, en la reparación más que en el castigo y en la reintegración más que en el aislamiento de las y los ofensores.

Es un programa que da voz y protagonismo a las víctimas y a la comunidad, que ofrece alternativas a las y los adolescentes ofensores para resolver los conflictos generados por conductas de carácter delictivo y que les brinda escenarios para la inclusión social, siempre y cuando cumplan con los acuerdos establecidos con los fiscales y los jueces penales para adolescentes.

Los procesos restaurativos involucran los siguientes actores:

• Las víctimas: Brinda atención por los daños que les fueron generados con ocasión del delito, promueve el reconocimiento y valoración de sus derechos, le otorga validez a sus narrativas y sus reclamaciones y trabaja con los ofensores para que generen acciones que respondan a sus expectativas de reparación.

• Las y los infractores: Incide en su responsabilización por la conducta delictiva, acrecienta la conciencia del daño generado con su actuar, promueve la generación de alternativas de reparación e incentiva la generación de capacidades que las y los habiliten para la vida social en condiciones de respeto y de dignidad.

• Las familias de víctimas y ofensores: Acrecienta sus recursos como redes de apoyo, brinda orientación en términos de crianza y relaciones parentales, incentiva la comunicación implicativa y les brinda recursos que acrecientes los factores protectores presentes en el sistema familiar.

• La comunidad: Busca hacerlas copartícipes en la resolución de los conflictos generados con el actuar delictivo de sus adolescentes y jóvenes, la disminución de factores que propicien la reiteración en el delito y el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en perspectiva de prevención.

Es importante resaltar que apara las diferentes líneas de ingreso al Programa y las estrategias que articula, los casos son remitidos esencialmente por las autoridades judiciales y administrativas del Sistema de Responsabilidad Penal y adolescente, (Fiscales Delegados para Adolescentes, Jueces Penales para Adolescentes, defensores de familia, Rectores y autoridades educativas) con las cuales nos articulamos, por lo que los criterios de vinculación y atención no tienen un enfoque territorial, y se brindan atenciones indistintamente en toda la ciudad.

Es una estrategia que brinda atención especializada frente al consumo de sustancias psicoactivas, y bajo supervisión judicial a adolescentes y jóvenes que cometen delitos como consecuencia de su consumo problemático.

Se estructura, a partir de tres componentes: médico / terapéutico, restaurativo y de inclusión social, manejando una sólida articulación entre las entidades e instituciones del sector salud, las autoridades judiciales, los operadores del SRPA y las entidades que se encargan de liderar la política de inclusión social para la juventud.
 

Esta información se puede encontrar de dos formas: 
1.    En la página web de la entidad, en el menú Transparencia y Acceso a la Información Pública, opción Contratación. 
2.    Por medio del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, ingresando en el siguiente enlace: https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index

Esta información se puede encontrar de dos formas: 
1. En la página web de la entidad, en el menú Transparencia y Acceso a la Información Pública > Contratación > Ejecución de contratos. 
2. Por medio del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, en donde se encuentran publicados cada uno de los contratos con sus respectivos soportes.
 

El objetivo principal de este programa es promover la prevención de los comportamientos contrarios a la convivencia y la transformación de las realidades en los territorios a través de la intervención integral y el trabajo comunitario.

En fortalecer e incentivar la participación y la corresponsabilidad ciudadana en los asuntos de seguridad y convivencia.

Es una forma de organización ciudadana, que tiene por objetivo promover el trabajo comunitario y la construcción de tejido social en términos de seguridad y convivencia, teniendo en cuenta, la Ruta de Participación Ciudadana. 
Las redes pueden ser locales, entre localidades o a nivel distrital, esto dependen a las diferentes dinámicas de los territorios y al interés de trabajar en la prevención de comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia en la cuidad de Bogotá D.C.
 

El Frente de Seguridad Local es un programa de participación ciudadana de la Policía Nacional que se organiza a nivel de cuadras o manzanas y cuentan con un sistema de alerta (sirenas y alarmas). La Red del Cuidado es una forma de organización ciudadana que puede ser por barrios, localidad, entre localidades o distrital, en donde la Secretaría de Seguridad, fortalece estas redes, desde una mirada de corresponsabilidad y trabajo en equipo.

Es un incentivo a los diferentes actores del sector económico de la ciudad que contribuyen a la solución de las problemáticas asociadas a la seguridad y convivencia ciudadana, por medio de campañas de prevención, denuncia, participación y en su comunidad.

Este programa, cuenta con las siguientes estrategias: 
-    Prevención de Violencias Basadas en Género.
-    Estrategias de prevención para niños, niñas, adolescentes-NNA.
-    Jóvenes.
-    Seguridad y Convivencia de la Población Migrante.
-    Plan Operativo Especial para la Seguridad y la Convivencia de las Personas Habitante de Calle y Carreteros.
-    Acciones Afirmativas.
-    Plan Operativo Especial para la Seguridad y la Convivencia de las personas Trans - Observador LGBTIQ+.
 

Los dinamizadores y promotores son personas enlace del nivel central de la Secretaría, que se encarga de la articulación con las entidades competentes para brindar alternativas de solución a las problemáticas presentes en las diferentes comunidades de la ciudad.

Los impuestos que se aplican a una persona que presta sus servicios a la entidad son los siguientes: 
-    Estampilla Proadulto Mayor: 0.5%.
-    Estampilla Procultura: 0.5%.
-    Impuesto de Industria y Comercio-ICA: 0.766% por mil.
-    Retención en la Fuente de Honorarios según lo establecido en el estatuto tributario cuando supere las Unidades de valores tributario-UVT establecidas para la ejecución del contrato.
 

Si requiere cambiar la cuenta bancaria registrada al inicio de la ejecución del contrato, en la cual se realiza el pago correspondiente, lo puede realizar, a través de una solicitud formal al correo electrónico terceros@scj.gov.co, adjuntando la certificación bancaria vigente. Es importante tener en cuenta que, estos documentos deben ser enviados junto con la próxima cuenta a radicar.

Este cálculo se realiza teniendo en cuenta lo siguiente: 
o    Si es persona responsable del Impuesto al Valor Agregado-IVA, se calcula el 40% del subtotal de los honorarios, generado por el Ingreso Base de Cotización-IBC.
o    Si no es responsable de IVA, el cálculo se realiza sobre el total de los honorarios.
 

Nuestro objetivo es orientar a la ciudadanía en las diferentes rutas de acceso para la gestión y resolución de sus conflictos, indicando cuál es la entidad competente para atender el requerimiento, por lo que la respuesta o atención de las entidades a las que se le remite depende completamente a los tiempos internos que estás manejen o a la complejidad del conflicto según el caso en concreto. 

Dentro de la atención al ciudadano realizada por el equipo CRI no presencial se integran, coordinan y articulan las siguientes estrategias de atención virtual de la dirección de acceso a la justicia:

• Estrategia facilitadores: Los facilitadores de la Dirección de Acceso a la Justicia son un equipo de profesionales especializados encargados de ayudar en la redacción, proyección y posterior radicación de la/el Demanda, Acción de Tutela o Derecho de Petición, según el caso. Sin embargo, lo anterior no faculta a dicho profesional en calidad de apoderado o representante jurídico.

• UMC: Las unidades de mediación y conciliación de la Dirección de Acceso a la Justicia ofrecen dos servicios: conciliación en derecho y conciliación en equidad. El profesional CRI evalúa la naturaleza de la consulta realizada por los ciudadanos y los parámetros establecidos por los lideres de la estrategia para informar al ciudadano sobre este mecanismo alternativo de solución de conflictos y los pasos a seguir para que sea agendado por los profesionales de UMC.

• Consultorio jurídico: través del convenio de asociación 1803 de 2021 con vigencia hasta el 31 de julio de 2024, entre la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la universidad Gran Colombia, se busca aunar esfuerzos para brindar una oportuna y completa asesoría jurídica a los ciudadanos de manera gratuita, favoreciendo en principio a las personas de bajos recursos. Por medio de este convenio los estudiantes podrán realizar sus prácticas de consultorio jurídico, operando de la siguiente manera: 

Atención virtual: actualmente el convenio cuenta con la participación de 8 estudiantes para atención virtual, los cuales coordinan sus agendas directamente con la universidad, la universidad comparte en el formato denominado: programación consultorio jurídico U. La Gran Colombia compartido en OneDrive formato EXCEL, los horarios de lunes a viernes disponibles y el estudiante a cargo (incluye día, hora y enlace de reunión por la plataforma meet) dicho agendamiento lo realiza el profesional CRI quien coordina directamente con el ciudadano la disponibilidad de tiempo.  

Confirmada la agenda se procede a enviar un correo electrónico al ciudadano preestablecido por los lideres del convenio (documento: modelo correo de agendamiento) indicando: fecha, hora, lugar, copia del enlace al cual debe ingresar el ciudadano y el instructivo para acceder por Meet.

Se recomienda inicialmente un diálogo directo entre las partes involucradas, si no llegan a un acuerdo se requiere la participación de un tercero calificado y autorizado para abordar el conflicto (conciliación o mediación). 

En dado caso que no haya acuerdo entre las partes o lo acordado se incumpla dentro de una conciliación, un juez de la república es la autoridad competente para resolver los asuntos en materia de arrendamientos, a través de un proceso de restitución de inmueble arrendado. 

Recuerde que también puede acudir a los consultorios jurídicos de las universidades que cuenten con estos servicios, para que le brinden una asesoría jurídica al respecto. 

En caso de ser víctima de hurto, deberá presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, describiendo el lugar, fecha, hora, la forma que se cometió el delito, los daños causados, el monto en valor monetario. 

Si se logró identificar a la persona que cometió el delito, deberá aportar en esta denuncia los datos correspondientes. Usted puede denunciar a través de los siguientes canales dispuestos para ello: 

⦁    Telefónico: 57(1) 5702000 (#7) en Bogotá, 018000919748 o línea celular 122 para el resto del país.
⦁    Virtual:  Sistema de Recepción de Denuncias virtual, A Denunciar https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar%2fdefault.aspx
⦁    Virtual: Sistema de Fiscalía General de la Nación, Denuncia fácil 
⦁    https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/ingresoPrincipal

Si usted ha sido víctima de violencia (física, psíquica, económica) por algún miembro de su familia u otra persona con la que conviva, debe acercarse directamente a la Comisaría de Familia correspondiente a su lugar de residencia, en un plazo no mayor a los 30 días siguientes de los hechos. Si se ha superado este tiempo deberá acudir a la Fiscalía General de Nación. Si le generaron afectaciones graves a su salud, debe dirigirse al centro médico más cercano. 

Cuando la víctima es menor de edad también podrá informar al Bienestar Familiar, ya sea en el centro zonal de manera presencial o por medio de las líneas: 141 o 018000918080. 

Si la víctima es mujer, puede solicitar asesoría tanto jurídica como psicosocial ante la Secretaría Distrital de la Mujer a través de Línea Púrpura 018000112137, al WhatsApp 3007551846 – 3004866514 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co.  

Usted puede acudir a una persona calificada y autorizada para realizar una conciliación o directamente a la vía judicial. Si usted cuenta con un documento que certifique la existencia de una deuda (letra de cambio, pagare, contrato con obligación de pago, acuerdos de pago, acta de conciliación, sentencia que impone pagar una suma de dinero, entre otros) deberá iniciar el proceso ejecutivo correspondiente, de lo contrario, deberá iniciar un proceso ordinario, recuerde que estos últimos dependerán de la cuantía, valor o suma de la deuda. 

Se trata de un servidor(a) público(a) vinculado(a) a la Dirección de Acceso a la Justicia-DAJ, cuyas funciones corresponden a ofrecer posibles soluciones junto con las partes, y así, cooperar con ellas en la búsqueda de un acuerdo consensuado. 

En las Unidades de Mediación y Conciliación (UMC) será atendido por un tercero imparcial, denominado mediador profesional. Se trata de un profesional vinculado a la Dirección de Acceso a la Justicia cuyas funciones corresponden a impartir este Mecanismo, aceptado por las partes para cooperar con ellas en la búsqueda de un acuerdo consensuado. El mediador profesional tendrá una actitud de imparcialidad e independencia del acuerdo, procurando que las personas que acuden a sus servicios lleguen a acuerdos por su propia cuenta y procuren el mejoramiento de su relacionamiento.

Existen dos formas para solicitar esta instancia:

• Presencial: debe dirigirse a la Casa de Justicia más cercana que cuente con la UMC.

• Virtual: lo puede realizar a través de la línea de WhatsApp 3023629201.

• Ciudad Bolívar: Diagonal 62F # 20 F 20 Sur

• Suba Ciudad Jardín: Carrera. 59 # 131a -15

• Barrios Unidos: Calle 68 # 53 – 34

• Bosa Campo Verde Calle 85 sur #94-35

• Kennedy Av. Boyacá # 36 - 57 sur

• San Cristóbal: Calle 31C Sur # 3-67 Este

• Fontibón: Calle 17 # 98-71

Para más información, le invitamos a consultar la sección de Casas de Justicia, del menú Atención y Servicio a la Ciudadanía.
 

En la elaboración de los derechos de petición, tutelas y demandas de mínima cuantía, se manejan los siguientes temas: 
Derechos de petición: Cuando se identifique la necesidad de presentar una petición ante una autoridad:
Salud: 
-    Medicamentos.
-    Exámenes.
-    Traslados. 
-    Procedimientos.
-    Cirugías.
-    Copia de historias clínicas.
Educación:
-    Certificados.
-    Créditos otorgados por el ICETEX.
-    Solicitudes.
Laboral:
-    Pagos.
-    Incapacidades.
-    Permisos.
-    Aumento salarial.
-    Pensiones.
-    ARL 
Servicios públicos:
-    Reclamaciones por tarifas.
-    Reconexiones.
-    Instalaciones.
Tutelas en salud y movilidad: cuando se identifique la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, en los siguientes asuntos: 
Salud: 
-    Derecho a la salud con relación al derecho a la vida.
-    Practica oportuna de procedimiento médico.
-    Entrega oportuna de medicamentos o insumos.
-    Tratamiento integral. 
Demandas de mínima cuantía movilidad (Secretaría de Tránsito y Transporte:
-    Comparendos.
-    Vulneración al debido proceso.
-    Derecho a la defensa.
-    Presunción de inocencia.
Demandas: Cuando se identifique la necesidad de que el acceso a la justicia deba garantizarse a través de la intervención de juez de la república. 
- Laboral: En procesos laborales de única instancia (Que la cuantía no exceda los 20 SMLMV).
 -Familia: Asuntos de fijación, reajuste, exoneración de cuota alimentaria, demandas ejecutivas de alimentos con solicitud de medidas cautelares (embargo de bienes y secuestro). 
-Civil: asuntos de mínima cuantía (Que la cuantía no exceda los 40SMLMV).: restitución de inmueble arrendado. Cuando estos ya se deban ejecutar por los cánones de arrendamiento que adeuda el arrendatario y que se haya agotado la conciliación como requisito de procedibilidad.
-Superintendencia de Industria y Comercio (Sic): Protección al consumidor, cláusulas abusivas, indemnización por la prestación de un servicio, adquisición de un bien defectuoso.
 

Los programas establecidos en la Cárcel Distrital para la redención de penas están previamente avalados por la JETEE (junta de evaluación trabajo estudio y enseñanza) y contenidas en el plan ocupacional.

• Formación Servicio de Lavandería

• Formación Servicio de Peluquería 

• Formación servicio de Biblioteca 

• Formación de Servicio de Alimentos 

• Formación PIGA 

• Educación Formal 

Esta es una actividad que se encuentra inmersa como un taller del Plan Ocupacional, una vez se realiza la selección que cuenta con un grupo de voluntarios y otro que cumplan con las características mínimas de salud. Las actividades de PIGA intra y extra pabellón son realizadas hasta seis (6) horas diarias de lunes a viernes y tres (3) horas los días sábado.